El costo del acceso a vivienda en Chile

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En Chile habitualmente hablamos de vivienda como si el problema fuera únicamente que faltan casas. Faltan, por cierto. El Censo 2024 estima 491.904 viviendas faltantes; la Casen, 405.552. Además, 1,24 millones de propiedades necesitan reparaciones o mejores servicios básicos.

Pero ocurre algo menos visible: muchas familias no pueden pagar por un hogar. La OCDE estima que en Chile, Colombia, España y Estados Unidos más de la mitad de los arrendatarios de bajos ingresos destina más del 40 % de su renta al arriendo.

El indicador “PIR” permite verlo con claridad al medir cuántos ingresos anuales completos cuesta una vivienda. En EE.UU., la casa usada llegó en 2025 a casi cinco veces el ingreso anual familiar, superando el nivel histórico de 3,2. Esa diferencia encendió alarmas allá.

En nuestro país, los informes USS–Tinsa calculan un PIR mediano de 8,76 en la Región Metropolitana, 8,91 en Gran Concepción, 9,43 en Puerto Montt, 11,22 en Valdivia y 18,10 en Puerto Varas. El nivel considerado crítico en Estados Unidos queda por debajo de todas las ciudades chilenas estudiadas.

El acceso al crédito no cierra esta brecha. El dividendo mediano representa cerca del 39 % del ingreso familiar en Santiago, 38 % en Concepción, 43 % en Puerto Montt y 53 % en Valdivia. Una familia puede tener empleo y ahorro, pero no calificar o quedar con muy poco margen para vivir.

Construir más sigue siendo necesario. Reducir plazos de permisos, dar certeza regulatoria y habilitar suelo con servicios ampliaría la oferta. Pero levantar casas caras no mejora el acceso. Hay que fortalecer la capacidad de pago con garantías para el pie, subsidios a la tasa, ahorro con aporte estatal y propiedad compartida. En Santiago, el subsidio reduce el PIR de 9,26 a 4,8.

La compra tampoco puede ser la única puerta. Chile requiere subsidios de arriendo ajustados al ingreso, apoyo ante desempleo temporal y alquiler asequible sobre suelo público. Los fondos rotatorios y las alianzas público-privadas aportan recursos si los beneficios estatales se sujetan a precios y plazos verificables.

Un joven, una persona mayor, un hogar monoparental y un trabajador informal no enfrentan la misma dificultad. La política habitacional debe asumir esas diferencias y combinar oferta, crédito, arriendo, suelo y protección social: herramientas diversas para realidades diversas.

Medio: El Día
Sección: Opinión
Título: El costo del acceso a vivienda en Chile

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